Benedicto XVI fue Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (el órgano encargado de supervisar y reglamentar sobre el rito y la liturgia católica) durante 24 años. El Papa conoce bien el efecto fascinante de la estética religiosa. Durante siglos, la construcción de templos (con su distribución espacial que relaciona poder terrenal y divino con proximidad respecto al altar) junto con la rica, bella y extraordinaria producción artística religiosa (desde la literatura, al arte ornamental, pasando por la pintura o la escultura) han perseguido siempre el mismo objetivo: fascinar-impresionar y relacionar el poder divino con el terrenal según sea su condición, contexto o posición.
La política democrática, a su vez, ha incorporado su propia liturgia, entendida como el conjunto de hechos formales protocolarios e institucionales, que visualizan el poder democrático y representativo. El hecho histórico de que, durante siglos, la legitimidad del poder ha sido acreditada (en todas sus versiones) por el poder religioso ha dejado pasarelas formales entre ambas liturgias. O mejor dicho, ha impregnado la política formal de un código semiótico, protocolario y representativo de fuertes connotaciones religiosas. Muchas de ellas subsidiaras, o versiones civiles, de muchas prácticas de naturaleza eclesial. El reto consiste en adaptar, redefinir o reinventar las claves y las normas de la liturgia política desde nuevos parámetros y conceptos.
El poder democrático, en su versión representativa e institucional, tiene –necesita- de la representación como fuente y factor de retroalimentación de legitimidad. Esta representación conlleva unas prácticas y normas sin las cuales no existiría la política democrática: el protocolo, la vida institucional y el hecho político (y electoral) configuran sus principales estructuraciones. Representación y representatividad encuentran, en su encaje, la expresión más clara de lo que llamamos poder político.
1. El protocolo aporta a la representación un orden natural que se nutre de la correlación de fuerzas entre los poderes (legislativo, ejecutivo y jurídico); la estructura del Estado (administración central, autonómica y local); las relaciones entre países; y la concurrencia de instituciones (públicas, privadas) con el conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones sociales, económicas o culturales. El protocolo, en su dimensión formal, es la expresión de cómo concebimos el poder y sus relaciones en la sociedad democrática. En política, la forma es fondo.
2. La vida institucional, con sus funciones y sus órganos de gestión, representación o intervención, se desarrolla sobre la base de unas normas y prácticas públicas que son, fundamentalmente, el espacio de intersección entre las instituciones y la ciudadanía. Este espacio de encuentro debería pivotar casi exclusivamente sobre la base del servicio público y no sobre la base del poder público. Precisamente, el uso y abuso de la liturgia del poder aleja a la ciudadanía de la política, dificulta la valoración de la dimensión de servicio público de nuestras instituciones y genera vicios y prácticas indeseables en relación al carácter temporal y transitorio de la representación política.
3. El hecho político (y electoral) es, fundamentalmente, liturgia. Que sea democrática, civil y laica es el reto. La política formal se superpone sobre estructuras mentales y culturales (de origen religioso) que, a lo largo de la historia, han configurado el imaginario del poder. El púlpito es el atril. El altar, la mesa presidencial. El sacerdote, el candidato o secretario general. El diácono, el secretario de organización. El templo, la sede. Los feligreses, los militantes. Los salmos, las consignas.
Las campañas y los procesos electorales son, también, una fuente ritual y formal del hecho político. Las escenografías electorales, los congresos de partido y el proselitismo contribuyen de manera decisiva a fundamentar nuestra práctica política democrática como una práctica formal y normativa.
Finalmente, el lenguaje político es heredero y coexiste con el lenguaje religioso. La importancia cultural e histórica de los textos religiosos y su carácter fundacional o sagrado para muchas Iglesias y confesiones hacen que la normativa política que sustenta el edificio democrático (las constituciones, por ejemplo) ocupen el mismo lugar en la vida institucional que los textos sagrados en los templos. Y, también, el carácter interpretativo de los mismos –y sus propios interpretadores- ocupan un escenario de fuertes controversias o relaciones de poder.
La liturgia es necesaria. Sin su representación, la representatividad democrática no podría materializarse y hacerse visible como fuente de poder legítima. Pero cuando los sacerdotes públicos se otorgan privilegios con la norma es el momento de expulsarlos del templo. Las normas han de servir a valores, principios y objetivos. Cuando aquellas impiden éstos, es el momento de las reformas, los cambios o las revoluciones.
Antoni Gutiérrez-Rubí
Publicado en el Informe Ferrer i Guàrdia: Anuario de la Laicidad en España 2011.
Barcelona: Fundación Ferrer i Guàrdia, 2011.
